Algunas autonomías gobernadas por el PP con gravísimos problemas de liquidez reclamaron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 27 de julio, que la Administración central saliera al rescate de las comunidades autónomas avalando su deuda para evitar la bancarrota.
Elena Salgado, que presidía la reunión del Consejo, contestó a los consejeros autonómicos del PP que esa posibilidad sería una temeridad y además ilegal puesto que lo impedía la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Las actas de esa reunión, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan el drama financiero que sufrían las autonomías, especialmente la valenciana, cuyo consejero fue el que pidió una solución de emergencia.
“El problema de liquidez puede llevar a una suspensión de pagos, y una suspensión de pagos de una comunidad, no nos engañemos, es una suspensión de pagos del Estado español”, llegó a señalar la consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo. “Propongo desde poder obtener una emisión de deuda avalada por el Gobierno a que el Gobierno haga emisiones tipo FROB para prestar a las Comunidades autónomas”, señaló.
Salgado replicó a esa propuesta con una negativa tajante: “La Ley de Estabilidad Presupuestaria prohíbe avalar las emisiones de deuda de las comunidades autónomas. Pero es que, además de eso, sería una temeridad por parte de la Administración General del Estado, que tiene un volumen de deuda bastante mayor que el conjunto de las comunidades autónomas, poner en riesgo la valoración de nuestra deuda puesto que se igualaría a la valoración de aquella deuda que tenga un rating peor; es evidente que eso es lo que harían los mercados. Lo único que se haría con esa solución sería empeorar la posición de todos sin mejorar al cabo de muy pocas semanas la de nadie”, dijo la ministra.
Pese a la respuesta, el consejero valenciano, José Manuel Vela, volvió a la carga con un discurso dramático sobre la situación: “Las causas de la falta de liquidez son evidentes, pero los efectos que eso puede tener son desastrosos. Y digo desastrosos porque cualquier comunidad, cualquiera, en un momento dado puede verse abocada —por problemas de que si mañana a Grecia se le unen Bélgica, Italia o quien sea— a incurrir en un default (suspensión de pagos)”. Vela volvió a pedir que la administración central saliera al rescate de las autonomías: “Tenemos un Fondo de reserva de la Seguridad Social, tenemos un Fondo de garantía de depósitos que invierte en deuda pública y, si es necesario modificar algún precepto legislativo, hagámoslo, pero ¿por qué no pueden invertir estos fondos en deuda de comunidades autónomas cuando son las que están soportando el Estado del bienestar aquí en España? Sanidad, educación, etcétera. ¿Que esto no puede ser? ¿Por qué no plantear, lo digo con toda humildad y prevención, que el propio Tesoro español se endeudara más, emitiera más deuda para conceder préstamos o créditos a comunidades autónomas? ¿Por qué no plantearnos a lo mejor que el propio ICO pudiera de alguna forma comprar deuda de comunidades autónomas?”, insistió.
Pero la entonces vicepresidenta económica no se movió de su posición y mantuvo la negativa. “Tenemos una deuda de la Administración del Estado que supera el medio billón de euros y, por tanto, no vamos a poner en riesgo esta valoración. No es solo que algunas de las fórmulas que aquí se han dicho estén prohibidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria —que, efectivamente, como todas las leyes, se puede cambiar, se puede cambiar hasta la Constitución con sus procedimientos reglados—, sino que no vamos a hacer esa propuesta”, zanjó.
El consejero valenciano, José Manuel Vela, llegó a recordar: “La liquidez es la espada de Damocles que tenemos sobre nosotros. Lamentablemente las comunidades autónomas o muchas de ellas no estamos en condiciones de pagar, ni a grandes ni a pequeños, y estamos generando problemas muy graves a pequeñas y medianas empresas, a autónomos, a proveedores, que bastante han aguantado. Y creo que estamos obligados a darles una solución”.
La desesperada situación que dibujaba la Comunidad Valenciana desembocó solo unos meses después en un riesgo de impago mayor. El Gobierno central tuvo que salir al rescate avalando un vencimiento de deuda por 123 millones de euros con el Deutsche Bank al que no podía hacer frente la Comunidad Valenciana. Además, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, garantizó a los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no dejaría caer a ninguna de ellas.
El Gobierno del PP reúne hoy de nuevo al Consejo de Política Fiscal y Financiera con un panorama para las autonomías aún peor que cuando se celebró la última reunión en julio pasado.
